Adrián Tarín :::: El pasado 16 de septiembre, el gobierno de Petró Poroshenko sancionó un decreto elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa (CSND) que integraba a casi 500 personalidades, tanto físicas como jurídicas, en una “lista negra” según la cual se les prohíbe la entrada al país durante periodos iguales o superiores a un año. Los motivos aducidos son la supuesta participación o complicidad de los sancionados en la anexión de Crimea y la guerra en Donbass.

Entre ellos, además de políticos y empresas cercanas a la institucionalidad rusa, como el presidente checheno Ramzán Kadyrov  o el portavoz de la Duma Estatal Sergei Naryshkin, se encuentran numerosas figuras occidentales, entre ellas Silvio Berlusconi -quien visitó Crimea de la mano de Vladímir Putin- y alrededor de cuarenta periodistas procedentes de Rusia, Bulgaria, Estonia, Alemania, Hungría, Israel, Kazaijstán, Letonia, Macedonia, Moldavia, Polonia, Serbia, Eslovaquia, España, Suiza y Gran Bretaña. No es la primera vez que el gobierno de Poroshenko toma una decisión similar, siendo especialmente sonada la sanción al actor francés Gerard Depardieu, amigo personal de Vladímir Putin, que obtuvo la nacionalidad rusa para evitar la fiscalidad de su país natal y que desde entonces es un fiel seguidor de las políticas de Moscú.

En este sentido, diversas asociaciones internacionales han elevado sus protestas ante lo que perciben como un ataque a la libertad de expresión. La organización Human  Rights Watch considera que “cerrar la puerta a los periodistas es un golpe terrible para la libertad de prensa en Ucrania, y hace más daño a la postura de Ucrania que cualquier cosa que puedan haber publicado los periodistas”. La polémica ha provocado que el gobierno reconsidere la sanción a algunos periodistas, siendo especialmente llamativa la revocatoria que afecta a los españoles Antonio Pampliega y Manuel Ángel Sastre, ambos hoy desaparecidos en Siria. No obstante, César Vidal no ha corrido la misma suerte, ya que el gobierno recuerda que fue observador internacional en el referéndum de anexión de Crimea y que realizó declaraciones públicas contra los intereses de Kíev, como: “Esta nación artificial que se llama Ucrania se utiliza como un arma para amenazar al Kremlin”.

La administración de Petró Poroshenko ya se ha enfrentado con anterioridad a las denuncias de colectivos profesionales de periodistas: Reporteros Sin Fronteras actualiza periódicamente un informe de “las constantes agresiones a la libertad de información” en Ucrania, gran parte de las mismas acometidas desde Kíev. De este modo, el periodismo en Ucrania parece consolidarse como una más de las víctimas que en los últimos dos años se ha cobrado la crisis en el país.

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