Marta Ter, Boletín “Caucasus News”, nº 42, julio 2014 :::: Desde principios de 2013, el Kremlin ha sometido a una gran presión a la sociedad civil en Rusia, sólo comparable a la ejercida durante el período soviético, señalan diversas ONG que trabajan en ese país.

Según indica un informe reciente de Human Rights Watch, “las autoridades han introducido una serie de leyes restrictivas, han acosado, intimidado y en algunos casos encarcelado a activistas políticos, han interferido en el trabajo de ONG y han intentado deshacerse de sus críticos tratándoles como enemigos clandestinos, amenazando con ello la viabilidad de la sociedad civil en Rusia.”

Una de las leyes que últimamente ha complicado la ya de por sí difícil labor de las ONG en Rusia data de 2012, y obliga a aquellas que reciben fondos extranjeros (cualquier cantidad) y que alguna de sus actividades esté relacionada con la vida política, a registrarse como “agentes extranjeros”.

A tenor de esta ley, se creó un registro especial en el Ministerio de Justicia donde las ONG deben inscribirse. Éstas están, en lo sucesivo, obligadas a presentarse como “agentes extranjeros” y a hacer constar esta característica en sus actividades y publicaciones. Las autoridades rusas sostienen que esta ley, que entró en vigor en noviembre de 2012, aumentará la transparencia y el control financiero de las organizaciones no gubernamentales.

Sede de Memorial en Moscú con la pintada "agente extranjero"
Sede de Memorial en Moscú con la pintada “agente extranjero”

Sin embargo, las ONG consideran la etiqueta de “agentes extranjeros” como un término peyorativo destinado exclusivamente a estigmatizar las ONG. Por razones históricas y por las secuelas del estalinismo, la expresión “agente extranjero” se asocia a la condición de “espía” en Rusia y, en consecuencia, la mayoría de ONG se ha negado a definirse como tales.

Tras los primeros meses de entrar en vigor esta ley, y viendo que las ONG no se registraban como “agentes extranjeros”, el gobierno lanzó una campaña masiva en todo el territorio ruso con el fin de inspeccionar centenares de asociaciones. A mediados de 2013 se registraron más de 2.000 oficinas de organizaciones por orden de la Fiscalía, y amenazaron con imponer fuertes multas a las ONG que no cumplieran con la nueva normativa.

Determinaron que decenas de ONG (desde las dedicadas a velar por los derechos humanos a grupos que trabajaban en defensa del medio ambiente) debían inscribirse como “agentes extranjeros” (ver mapa). Pero a pesar de estas inspecciones y de las presiones a registrarse, las ONG continuaron negándose a ello.

Entonces, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia presentaron nueve recursos administrativos contra ONG y otros cinco recursos administrativos complementarios contra líderes de asociaciones por no haberse registrado en el marco de la ley de “agentes extranjeros”. Los fiscales perdieron nueve de estos catorce casos en los tribunales.

Ante la imposibilidad de obligar a estas organizaciones a inscribirse como “agentes extranjeros”, el 23 de mayo de 2014 el Parlamento ruso aprobó nuevas enmiendas que permiten al Ministerio de Justicia registrar ONG y asociaciones como “agentes extranjeros” sin su consentimiento. El 28 de mayo el Senado aprobó las enmiendas y a principios de junio el Ministerio de Justicia registró diligentemente a varias de las asociaciones que habían llevado el caso a los tribunales y lo habían ganado: Asociación “Golos” (Moscú), Regional “Golos” (Moscú), el Centro para la Política Social y Estudios de Género (Saratov), Mujeres de Don (Novocherkassk) y el Centro de Apoyo a Kostroma Iniciativas Públicas (Kostroma). Al mismo tiempo, el Centro contra la Discriminación Memorial, importante ONG de derechos humanos que trabaja por las víctimas del racismo y la xenofobia en Rusia, decidió abandonar sus actividades en Rusia en lugar de llevar la etiqueta de “agente extranjero” o de correr el riesgo de que su directora fuera juzgada por lo penal por no inscribir la asociación.

Una decena de organizaciones ya han presentado una moción ante el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos al considerar que la ley contraviene la normativa internacional.

Hasta la fecha, solo una ONG se ha registrado de forma voluntaria como “agente extranjero”. Es la organización “Apoyo a la Competencia en los Países del CEI” que, según su página web, promueve los intereses de las empresas en las repúblicas exsoviéticas en su lucha contra los monopolios comerciales.

En paralelo, se están elaborando más leyes para ejercer control sobre la sociedad civil. Yosif Diskin, miembro de la Cámara Cívica de la Federación de Rusia, está tras el lobby que apoya el proyecto de ley que ahora se está debatiendo en la Duma.

La ley Dishkin, tal como señala Pavel Chikov en este artículo, propone formar una pirámide en cuya cima se sitúe la misma Cámara Cívica (asociación progubernamental), que sería la responsable de acreditar a las ONG. Posteriormente, sólo las ONG acreditadas por la Cámara Cívica tendrían derecho a examinar las actividades del Estado. Cabe señalar que un tercio de los miembros de la Cámara Cívica son nombrados por el Presidente directamente.

Aunque la normativa de “agentes extranjeros” no haya conseguido que las ONG se hayan inscrito como tales, sí ha logrado que la sociedad rusa vea estas organizaciones con suspicacia. Los frutos de la  máquina propagandística alrededor de los “agentes extranjeros” y la “quinta columna” de occidente en Rusia quedan reflejados en el último sondeo realizado por el centro Levada, en el que un 36% de los ciudadanos rusos considera que la lucha del gobierno ruso contra los “agentes extranjeros”, que representan la “quinta columna de occidente” está plenamente justificada.

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