International Crisis Group :::: El lugar donde más se han concentrado los esfuerzos para velar por la seguridad en el Cáucaso en el contexto de los Juegos Olímpicos ha sido Daguestán. Allí es donde, desde hace varios años, se ha centrado la actividad insurgente y, a menudo, donde se han reclutado a los suicidas que han llevado a cabo ataques terroristas fuera de la región.

El conflicto en la república tiene sus raíces en un profundo cisma religioso que desde hace casi dos décadas ha dividido a sus musulmanes en tradicionalistas (principalmente sufís) y fundamentalistas (en su mayoría salafís). Desde finales de los años 90, los servicios de seguridad han optado por reprimir con brutalidad a todos los fundamentalistas, tanto a los guerrilleros como a los que rechazan la violencia. Esto ha radicalizado aún más a la parte fundamentalista de la comunidad.

El anterior presidente de Daguestán, Magomedsalam Magomedov , intentó adoptar una política más abierta hacia los salafíes no violentos y una actitud conciliadora con la rehabilitación de insurgentes. Las políticas oficiales hacia los salafíes moderados se liberalizaron significativamente y se inició un diálogo entre líderes sufís y salafís, con el apoyo de las autoridades. En noviembre de 2010 se creó una comisión para la rehabilitación de insurgentes. En 2012 las víctimas del conflicto disminuyeron un 15 % en comparación con el año anterior, y el flujo de jóvenes reclutados por la insurgencia se redujo, al menos en parte como resultado de estos nuevos enfoques.
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Esta tendencia alentadora se invirtió en 2013. El 28 de enero, el presidente Putin sustituyó al presidente Magomedov por Ramazan Abdulatipov, quien en febrero cerró la comisión de rehabilitación, poniendo fin así a los mecanismos públicos transparentes de rehabilitación de los combatientes, y se inició una nueva ola represiva contra las comunidades salafís de Daguestán.

Se llevaron a cabo operaciones policiales en toda la república que, según señalan diversos grupos de derechos humanos, violaron sistemáticamente los derechos básicos de la población. Hubo secuestros, detenciones y torturas de los sospechosos de ser guerrilleros, así como también de sus cómplices, familiares y conocidos. Los servicios de seguridad volaron las casas de parientes cercanos de supuestos yihadistas en Buynaksk , Novosasitli y Gimry; diez casas sólo en esta pequeña aldea. La madre de un joven insurgente de dieciocho años de edad dijo a Crisis Group que después de que su casa fuera dinamitada, colocaron una fotografía de su hijo con uniforme de camuflaje en la puerta, señal inequívoca de que la acción fue punitiva.

En los últimos meses las actividades sociales que la comunidad salafí llevaba a cabo se han ilegalizado y ahora funcionan de forma clandestina. Los líderes moderados han sido acosados, algunos han huido de Daguestán y han cerrado sus proyectos. El grupo de derechos humanos salafí ” Pravozashchita “, que denunciaba abusos, ha sido clausurado, sus líderes detenidos o puestos bajo vigilancia y se ha registrado la casa de uno de sus activistas.

Desde finales de 2013, la policía está deteniendo en masa a salafíes reunidos en cafés, mezquitas y domicilios particulares. Según cuentan activistas salafís, los días 12-14 de octubre, justo antes la celebración musulmana del Kurban Bayram, más de 50 personas fueron detenidas en diversas redadas en los cafés en Majachkalá, la capital de Daguestán.

Un mes más tarde, unos 40 salafíes fueron detenidos nuevamente al azar en la capital: fueron fotografiados, les tomaron las huellas digitales y luego fueron liberados. A los salafíes detenidos les dieron un número de identificación y les aconsejaron que lo recordasen para acelerar los procedimientos durante posteriores detenciones. El 6 de diciembre, 40 salafíes fueron detenidos durante la oración del viernes en una mezquita en el pueblo de Vremenny. Las detenciones de hombres con barba y mujeres que llevan hijab se han convertido en rutina. Por lo general, estos son liberados después revisar sus documentos y de tomarles las huellas digitales. Este tipo de prácticas han conseguido radicalizar a creyentes que previamente eran moderados.

Las escuelas, guarderías y madrasas salafís han sido clausuradas durante los últimos meses, a menudo el cierre ha sido ejecutado por personal militar que llegaba al lugar en vehículos blindados, fuertemente armados y enmascarados.

Los activistas salafís manifiestan que las autoridades se niegan a conceder licencias para sus establecimientos educativos y, posteriormente, la falta de licencias es el pretexto que utilizan para clausurarlos.

Varios salafíes con ideologías radicales pero no violentas han sido detenidos con cargos falsos. “Antes de Sochi están tratando de detener y mantener encarcelados a todos los que encuentran potencialmente peligrosos”, nos dijo un activista local de derechos humanos. Incriminar a los sospechosos colocándoles armas supuestamente se ha convertido en algo común, una táctica confirmada a Crisis Group por un agente superior de policía. Los negocios regentados por salafíes supuestamente también han sido objetivos de persecución. “Se ha ejercido una presión de múltiples formas en muy diferentes esferas de la actividad musulmana. Hay un claro intento de expulsar a los musulmanes del espacio social legal”; afirma un abogado pro derechos humanos y activista salafí. “Ha habido represión antes, pero esta vez se les ha dado a los servicios de seguridad carta blanca total”

Abdulatipov ha alentado la creación de milicias para combatir el extremismo. En algunos casos estas se conforman de sufíes, y ya se han registrado incidentes de violencia interconfesional. Entre octubre y diciembre, en un barrio de Majachkalá, la policía junto a una milicia compuesta por sufíes, bloqueó la entrada a la mezquita salafí, impidiendo a los musulmanes fundamentalistas de asistir a la oración del viernes. Este hecho desencadenó actos de violencia, en los que seis personas resultaron heridas, dos de ellas tuvieron que ser hospitalizadas en estado crítico.

Dos semanas antes de los Juegos Olímpicos, los servicios de seguridad informaron a los salafíes de la ciudad de Buynaksk que no se les permite salir de Daguestán durante los Juegos. Crisis Group recibió informes similares de la localidad de Gubden, una zona de Daguestán conocida por su fuerte comunidad salafí. Allí, a varias decenas de salafistas, la mayor parte de los cuales trabaja como camioneros, se les ha obligado a firmar un documento comprometiéndose a no viajar fuera de su república durante los Juegos Olímpicos.

La ansiedad y la tensión han aumentado aún más en Daguestán con la proximidad de los Juegos Olímpicos. Los rumores de una gran campaña militar después de los Juegos se volvieron tan insistentes que el enviado presidencial para el Cáucaso del Norte, Alexander Jloponin, tuvo que desmentirlos. Un activista local dijo que “a la gente en Daguestán sólo le interesa una cuestión de los Juegos Olímpicos: saber si la guerra empezará antes o después de estos. A nadie le importa ni las medallas ni los resultados de las competiciones”.

Las medidas de seguridad sin precedentes desplegadas en Sochi y sus alrededores seguramente podrán garantizar unos Juegos Olímpicos de Invierno pacíficos, pero las políticas actuales en el Cáucaso Norte probablemente infligirán daños graves a largo plazo. Cuando los Juegos Olímpicos hayan concluido, será difícil, si no
imposible, volver a cualquier forma de diálogo con los islamistas moderados o a la rehabilitación pacífica de insurgentes, incluso aunque haya voluntad política para hacerlo.

Este artículo es un fragmento del informe Too Far, Too Fast: Sochi, Tourism and Conflict in the Caucasus
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