“Rusia, tribunales a la carta” (2012), dirigido por Marie Lorand, muestra cómo empresarios y directivos se han convertido en grupos de riesgo para el arbitrario sistema judicial, según denuncian disidentes y activistas. La pujante clase media rusa opone resistencia a su Gobierno y las instituciones. Los colectivos anti Putin están convencidos de que los empresarios que no admitieron corruptelas fueron víctimas de juicios falsos.

 El documental cuenta con  sorprendentes testimonios de este grupo de riesgo que conforman los empresarios de la Rusia actual y la lucha de sus esposas por ganar la batalla a las prisiones de Putin. Occidente tomó conciencia de la creciente oposición de la Rusia postsoviética hacia su gobierno y sus instituciones  a través de la acción protesta que llevó a las Pusy Riots de la catedral de Moscú a la cárcel. La pujante y consumista clase media rusa, nacida del boom económico de la última década, está llenando las cárceles. Ciento veinte mil hombres de negocios y altos ejecutivos cumplen condena en la actualidad. Uno de cada seis ha sido acusado de delito económico y los colectivos que los defienden aseguran que el treinta por ciento de esos prisioneros son inocentes.

 “Son víctimas de juicios falsos, encargados por sus rivales empresariales o por las mismísimas autoridades”, asegura en ‘Rusia, tribunales a la carta’ Zoya Svetova, periodista y miembro de ‘Visitas a las cárceles’, una de tantas organizaciones convencidas de que todos aquellos empresarios que no admitieron corruptelas son las nuevas víctimas del arbitrario sistema judicial, que los condena por lo que ellos denominan crímenes económicos.

 Muchos de los ciudadanos de la acomodada clase media rusa, que en su día apoyaron a Putin en las urnas,  salen hoy a la calle en protesta por una situación que legitima que el 99% de los juicios terminen en sentencias de cárcel. La nueva vanguardia anti gobierno se rebela ante “un sistema que no ha cambiado desde 1937, cuyo único objetivo es robarnos nuestro dinero y negocios, mientras protegen los intereses de oficiales corruptos”. Así lo denuncia en el documental Yana Yakovleva, una empresaria que pasó dos años en prisión.

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