Elena Maláshina (Nóvaya Gazeta) :::: El caso del secuestro y retención ilegal de Islam Umarpashaev por parte de las fuerzas de seguridad chechenas llega al tribunal, que desestima la querella presentada por el Comité contra la Tortura.

La semana pasada el tribunal de la ciudad de Esentuki desestimó la querella de Igor Kalyapin, Presidente de la organización de derechos humanos “Comité contra la Tortura”. Kalyapin había interpuesto una querella contra la inoperancia del Ministerio del Interior y de la Comisión Investigadora de la Federación Rusa que, de forma totalmente improcedente, alargan la investigación del secuestro y detención ilegal de Islam Umarpashaev por parte de las fuerzas de seguridad chechenas.

La decisión del juez del Tribunal concluye que la investigación se ha retrasado debido a “la especial complejidad del caso, así como por las particularidades específicas del sujeto de la Federación Rusa donde se han producido los hechos, Chechenia”. Es decir, que el Tribunal de Esentuki reconoce formalmente que Chechenia es un “sujeto particular” de la Federación Rusa. Por “particular”, debe entenderse, en este contexto, un régimen único de inmunidad judicial para los agentes de la policía chechena que cometen delitos graves de secuestro y asesinato.

La “particularidad específica” que caracteriza Chechenia como sujeto de la Federación Rusa, ya fue descrita con anterioridad por el Fiscal que participó en el examen de la denuncia.
Hace un año y medio que Kalyapin y su equipo preparan el caso del joven Islam Umparpashaev que podría titularse “Islam Umarpashaev contra los cuerpos de élite de la policía chechena (OMON)”.

El caso: Umarpashaev fue secuestrado por unos policías chechenos en represalia por haber tildado de “cabrones” a la policía chechena en un chat de internet. Durante tres meses lo tuvieron retenido en las celdas de la base de los OMON donde lo amenazaban constantemente con entregarlo a los osos y lobos que había en jaulas cercanas.

Tres meses después Umarpashaev fue liberado gracias, en buena medida, a la reacción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que se dirigieron sus parientes.

Umarpashaev prometió a los hombres de Kadírov que callaría. Pero habló. Y decidió buscar asesoría legal en el “Comité contra la Tortura”.

Desde hace un año y medio que los abogados de esta organización investigan qué ocurrió, y han conseguido averiguar qué sucedió en este caso que, según el juez, “destaca por su complejidad”.
Pero es que de complicado, no hay nada. Se conocen todas las circunstancias del crimen, y se sabe quiénes son los criminales. La víctima testimonia y participa activamente en la investigación. Pero si en el resto de regiones de Rusia la Comisión Investigadora de la Federación Rusa se comporta como King Kong, en Chechenia siempre ha sufrido un humanismo exagerado.

En Rusia, desde el inicio de una causa penal hasta el momento en que se arresta a la persona sospechosa, pasan contadas horas. Esta es una regla rígida que se aplica incluso a personas con enfermedades terminales, directores de escuela, empresarios, menores y mujeres embarazadas.

En Chechenia, los sospechosos de crímenes graves se pasean tranquilamente en libertad bajo el honorable estatus de testigo. La Comisión Investigadora tampoco ha intentado conseguir del juzgado una orden de arresto. ¿Por qué? ¿¡Puede ser que que los OMON chechenos puedan, mientras que se encuentran en libertad, presionar a los testigos de sus crímenes?!

Los miembros de la Comisión Investigadora de la Federación Rusa, a quien el todopoderoso Ministerio del Interior les negó no sólo el apoyo logístico obligatorio, sino incluso la seguridad para operar en la zona, saben que son huéspedes que no han sido invitados a Chechenia, y deben actuar en consecuencia. Es decir, deben respetar las normas de los dueños del lugar.

Los derechos de los policías chechenos sospechosos de haber cometido el crimen, todo hay que decirlo, se vuelven cada vez más ilimitados. Tienen derecho a amenazar públicamente a los investigadores con sus kalashnikovs, a no permitir que los investigadores crucen el umbral de la puerta de aquellos lugares que deben registrarse, y a no presentarse a los interrogatorios. No hace falta decir que declarar es el deber de todo ciudadano de la Federación Rusa, incluyendo los hombres de Kadírov.

Los miembros de la Comisión Investigadora de la Federación Rusa (incluyendo su presidente, Alexander Bastrykin, que se encarga del caso Umarpashaev) no pueden hacer nada ante este “vacío” legal. El resto de administraciones vinculadas (FSB y el Ministerio del Interior) miran y callan, sin mover un dedo. Estas estructuras de poder, omnipotentes en el 99% del territorio ruso, en Chechenia muestran una enorme impotencia profesional.

Y sólo la Fiscalía Rusa (y ahora también el tribunal de Essentuki) reconoce públicamente el triste resultado del desenlace que Putin ha conseguido del conflicto checheno. Y es que el eufemismo de “particularidad específica del sujeto de la Federación Rusa” debe entenderse, en este caso, como una declaración de la independencia efectiva de la Chechenia de Kadírov.

Este artículo fue publicado en ruso en Nóvaya Gazeta y se traduce y publica con la autorización expresa de la autora, Elena Maláshina. 
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