Miguel Vázquez Liñán :::: Cuando, durante el siglo XIX, la lucha por el derecho al voto empezó a dar ciertos frutos y la nómina de votantes aumentó sustancialmente en un puñado de países europeos, se iniciaron también los esfuerzos de las clases dominantes por diseñar mecanismos que limitasen ese poder de decisión que parecían ir ganando las clases populares.

Así, se desplegaron diversas corruptelas que dieron a luz entornos políticos de democracia formal pensados para controlar la influencia popular: restricciones a los partidos para presentarse a los comicios, fraude durante las votaciones o en el recuento de los sufragios son sólo algunas de las constantes que, hasta nuestros días, caracterizan a muchas de estas democracias formales.

Paralelamente, se ha difundido (entonces y ahora), a través de los más diversos medios de comunicación, un discurso que identifica elecciones con democracia, confeccionado para mantener y reproducir los sistemas de democracia formal. A grandes rasgos, la narrativa a la que me refiero viene a señalar que, mal que bien, los países que celebran elecciones, tienen un parlamento y un poder judicial separados del ejecutivo, están en la buena senda; una senda que sólo les puede llevar, con el tiempo y limando las imperfecciones, hacia formas más plenas de democracia. Dicho argumento, desde luego, soporta con dificultad, en nuestros días, un análisis medianamente serio.

No obstante, esto es sólo parte de la historia. La lucha, pasada y presente, por el sufragio, la separación de poderes, la elaboración de constituciones que limitan el poder absoluto es de una importancia enorme y podríamos argumentar, largamente, las mejoras que han supuesto dichos cambios para la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero acontecimientos como las revoluciones árabes, el 15M en España o la manifestación del pasado sábado en Moscú, a pesar de sus enormes diferencias contextuales (las democracias formales son, claro está, diversas), nos hacen subrayar la línea de argumentación que hace hincapié en el hartazgo ciudadano expresado, con diferente intensidad, en la indignación y desencanto ante sistemas políticos que no son lo que dicen ser. La protesta hay que enmarcarla también, desde luego, en un contexto de crisis que radicaliza las contradicciones habituales de los sistemas políticos referidos.

En el caso de Rusia, la corrupción no sólo corroe el sistema electoral, sino que convierte en papel mojado buena parte de la legislación y la actuación judicial, por mencionar dos de los ejemplos más sangrantes. Vladímir Chúrov, presidente de la Comisión Electoral Central, el personaje cuya cabeza se pedía en la manifestación de Moscú el pasado sábado, ha sido una pieza clave en este engranaje. Como suele ocurrir, cada cuatro años se forma cierto revuelo cuando los observadores internacionales (parte importante del espectáculo) denuncian el tongo de siempre, las autoridades rusas se muestran por ello indignadas, las “occidentales” también, aunque aparentemente por lo contrario, pero luego todo vuelve a la normalidad y las transacciones bancarias entre Moscú-Washington y Bruselas siguen fluyendo sin inmutarse.

Esta vez el show ha ido, quizás, demasiado lejos. El doble mortal con pirueta que supuso el cambio de presidente a primer ministro por parte de Putin, para luego volver a presentarse a presidente (previo cambio de la ley, que aumenta el mandato presidencial de cuatro a seis años), unido a un recuento de los votos de nuevo dudoso en las pasadas elecciones, ha sacado a la calle a una población hasta ahora reacia a hacerlo. A la manifestación fueron los (pocos) que siempre van, pero esta vez se vieron acompañados por decenas de miles de ciudadanos, entre los que, por cierto, también se encontraba una parte de la élite que se ha cansado de Putin y quiere que Rusia interprete mejor su papel de democracia en construcción. A veinte años de la caída de la URSS, puede que estemos en el preludio de un cambio de cierta envergadura en el país más grande del mundo. Habrá que estar atentos.

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