Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Kirguistán a investigar “con urgencia” y a enjuiciar a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas durante los disturbios de junio de 2010. El pasado tres de mayo, la Comisión de Investigación de Kirguistán, presidida por el finlandés Kimmo Kiljunen y aceptada por la presidenta kirguís, Rosa Otunbayeva, concluyó que los delitos investigados son equivalentes a crímenes contra la humanidad.

Los enfrentamientos entre ciudadanos de las etnias kirguís y uzbeka produjeron 470 muertos, miles de heridos y cientos de miles de desplazados, según la comisión. Aunque se considera que se cometieron delitos graves por las dos partes en conflicto, Amnistía Internacional reconoce que la mayoría de las víctimas de daños y muertes fueron ciudadanos uzbekos. El informe presentado por la comisión confirma este hecho y apunta haber hallado “prueba fehacientes” de delitos generalizados, sistemáticos y coordinados contra miembros de esta etnia en la localidad de Osh. Asimismo, los uzbekos han sido las principales víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en el periodo que sucedió a los disturbios. De ser confirmados por un tribunal, tales actos podrían constituir un delito de lesa humanidad, un tipo de crimen internacional y por lo tanto imprescriptible y de obligada persecución.

Pese a haber reconocido la competencia de la comisión y haber colaborado con la investigación de los hechos, el gobierno de Otunbayeva ha rechazado las principales conclusiones, que podrían implicar a las fuerzas de seguridad por “complicidad” en los actos denunciados. El gobierno kirguís ha rechazado las acusaciones y ha tildado el informe de “tendencioso”, informa la agencia Europa Press.

“Este informe es exhaustivo y constructivo, y las autoridades de Kirguistán no pueden permitirse ignorar sus conclusiones”, ha declarado Nicola Duckworth, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. Para ello “la comunidad internacional debe presionar y apoyar a las autoridades kirguisas a tal efecto.”

Entre las conclusiones presentadas por la comisión, se apunta que la tortura de personas detenidas en relación con la violencia había sido “casi universal”, que seguía practicándose y que la respuesta de las autoridades ante las denuncias presentadas había sido “escandalosamente insuficiente”, subraya Amnistía Internacional. En opinión de Ducwork, “el uso generalizado de la tortura en las operaciones de seguridad realizadas tras los sucesos violentos y el reiterado apoyo oficial a una versión de los hechos étnicamente parcial, culpando directamente a los uzbekos, han dejado una sensación de impunidad a los perpetradores y de injusticia a sus víctimas”.

Por todo ello, el representante de la organización asevera que “todos los crímenes —incluidos los crímenes de lesa humanidad— deben investigarse y enjuiciarse de forma imparcial y efectiva. Esto no se está haciendo aún. El resultado es que cientos, cuando no miles, de personas —funcionarios y civiles, kirguises y uzbekos— no están rindiendo cuentas de sus crímenes”.

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