Stanislav Dmitrievski, periodista ::: El problema de la libertad de acción de las ONG en Rusia no se resuelve con unos cuantos cambios legislativos; desde hace tiempo vemos que allí funciona eso de “hecha la ley, hecha la trampa”.

En los últimos años, la labor de las ONG en Rusia ha sido obstaculizada desde el ejecutivo ruso. Podríamos comenzar recordando los cambios draconianos aplicados a las organizaciones civiles en 2006 por iniciativa de Putin según los cuales, la contabilidad que las ONG deben presentar ante los órganos del Estado es más compleja que la de las entidades comerciales. Podríamos también hablar de la Ley de lucha contra el extremismo, según la cual, casi cualquier crítica a las autoridades entra en la definición de extremismo, o de la ley que regula los mítines, que prevé un sistema de concesión-negación de permisos para la celebración de concentraciones pacíficas. Y finalmente, también podríamos tratar muchas otras acciones legales adoptadas recientemente, pero considero que ahora mismo esto no tiene demasiado sentido.

Y es que en Europa se repite el mismo error: se considera a Rusia un Estado de derecho, aunque sea imperfecto. Por este motivo, se tiende a creer que todos los problemas que tenemos pueden resolverse derogando leyes deficientes y adoptando otras mejores; lo condiciona las agendas de las diferentes instituciones europeas que mantienen relación con las autoridades rusas.

Sin embargo, se trata de una ilusión tan ingenua como perjudicial. Las autoridades rusas no actúan de acuerdo a las leyes, sino de acuerdo al principio de que, si tenemos un “culpable”, ya encontraremos de qué acusarlo. Si en un momento dado hay una persona u organización que, desde el punto de vista del régimen o de sus miembros, crea demasiados problemas, enseguida se encuentra la norma adecuada (penal, administrativa, fiscal, etc.) que permite procesar a la persona en cuestión y a la organización en la que trabaja. La acusación puede parecer grotesca, pero esto no tiene ninguna importancia, porque cualquier tribunal firma de buena gana la sentencia que el poder ejecutivo le ordena.

He podido comprobar en propia piel la veracidad de esta afirmación. A lo largo de mi vida adulta, he creído que la incitación al odio racial y étnico es uno de los actos más horrorosos que existen, si no el que más. Yo y la organización a la que pertenezco (Sociedad para la amistad ruso-chechena) hemos intentado siempre, dentro de nuestras posibilidades, luchar contra este mal.

Sin embargo, en 2006, fui declarado culpable de un delito en virtud del artículo 282 del Código Penal de la Federación Rusa por «incitar a la hostilidad racial, étnica y social». Me acusaron de publicar dos mensajes de líderes de la facción moderada de los separatistas chechenos y el tribunal puso como ejemplo de frases que incitaban a la lucha racial: «el régimen sanguinario y criminal de Putin», «las fuerzas especiales rusas aterrorizan a la población civil», etc. Da igual que en la sesión en el juzgado, el experto de la Fiscalía se negara a dar una definición exacta del concepto “raza”, “etnia”, o “grupo social”; estas palabras fueron incluidas posteriormente al protocolo, copiadas por el secretario judicial. Y no importa que el Tribunal, en ningún momento, afirmara que el régimen de Putin podía identificarse con una raza, una nacionalidad o un grupo social… las decisiones de los tribunales rusos, por defecto, no tienen en cuenta la motivación de los hechos.

Así pues, ¿cómo debemos actuar? ¿Excluir tal vez del Código Penal el artículo 282, un artículo análogo, en menor o mayor grado, al de otras legislaciones de países europeos que han sufrido la terrible experiencia del fascismo? Algunos proponen precisamente que se haga esto y, por lo que parece, sus argumentos responden a razones concretas.

Pero detengámonos ahora en otro ejemplo: en Ekaterimburgo, se condenó a 5 años de cárcel al activista Aleksei Sokolov, autor del famoso documental sobre la tortura en las cárceles rusas. Lo declararon culpable de un robo que presuntamente había cometido varios años atrás. La culpabilidad de Sokolov se fundamentó en el testimonio de un ladrón reincidente que cumple una larga condena. El tribunal no tuvo en cuenta las declaraciones de muchos testigos que confirmaron la coartada del activista. Así pues, ¿tendríamos que exigir ahora que se excluyeran del Código Penal aquellas leyes que prevén enjuiciar por robo?

En un país donde la justicia no funciona de forma independiente, hablar de mejorar las leyes es quedarse sólo en las palabras, ya que el principal problema no son las leyes, sino la aplicación que se hace de éstas. Al fin y al cabo, la constitución de la URSS promulgada por Stalin era, para su época, un documento de carácter bastante liberal, pero esto no fue ningún obstáculo para que en el país reinara una dictadura antropófaga.

Por sí misma, una reforma legislativa no conseguirá mejorar la situación, si no se eliminan antes todos los elementos contrarios a la legalidad que caracterizan el régimen político actual. Más bien el efecto puede ser el contrario, tal como bien expresa la célebre frase: «Queríamos hacer lo mejor, pero resultó lo de siempre».

Y si, de repente, por instancia de honestos europarlamentarios, deciden cambiar en Rusia las odiosas normas de las leyes que explico en el primer párrafo de este escrito, ¿quién me asegura que, cualquier día, no encontrarán armas o artículos robados en mi casa, o narcóticos y billetes falsos en mis bolsillos? Tampoco puedo garantizar que un día el tribunal ruso no considere la crítica a las autoridades una actividad subversiva, aunque esto ya es algo que proponía en su dictamen pericial sobre mi caso Olga Jolisheva, doctora en Derecho de la Facultad de Políticas de la Universidad de Nizhni-Nóvgorod (por cierto, esta señora es recibida con entusiasmo en las universidades europeas). ¡Pero yo prefiero ser considerado un extremista de toda la vida antes que un narcotraficante, un ladrón o un saboteador!

Hay otras herramientas que permiten «resolver problemas» con periodistas, activistas y líderes opositores especialmente duros de mollera, como pueden ser las balas, el veneno o los bates de béisbol. La larga lista de defensores de derechos humanos, opositores y periodistas muertos o mutilados es una clara muestra de ello: Iuri Shekochijin, Anna Politkóvskaya, Aleksandr Litvinenko, Natalia Estemírova, Mikhail Beketov, Iuri Chervochkin, y más recientemente, Oleg Kashin, Konstantin Fetisov, Anatol Adamchuk y muchos otros.

Así pues, afirmar que tenemos que mejorar algunas leyes en concreto para facilitar el trabajo de las ONG rusas y de los medios de comunicación nos aleja de la esencia del problema. En las condiciones actuales, marcadas por un régimen político autoritario, las autoridades encuentran siempre mecanismos para presionar a los activistas de las organizaciones independientes. En general, ni tan solo necesitan dotar de formalización legislativa sus acciones, esto es sólo una bonita eurotontería revestida de estupidez.

En el momento actual, la enfermedad se ha extendido tanto que exige algo más que cambios legislativos. Es necesaria una intervención quirúrgica, desmantelar todo este régimen político, los líderes del cual consideran los derechos humanos y las libertades un obstáculo en su camino hacia la indivisibilidad entre el poder y la propiedad. Sólo con la restauración de una auténtica división de poderes, de una auténtica oposición política, de elecciones libres, de medios de comunicación libres, sólo con un poder judicial independiente, se podrá mejorar la situación actual de defensa de los derechos humanos en Rusia y garantizar definitivamente la seguridad de sus defensores. Una vez esto se haya conseguido, podremos sentarnos a discutir los detalles de cada ley en particular.

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