Ana Sánchez Resalt, Observatorio Eurasia ::: El Comité de Investigación de la Fiscalía de Rusia ha tomado la decisión de investigar algunos casos de periodistas asesinados por informar sobre el Cáucaso Norte.

El pasado 7 de octubre se cumplieron 4 años del asesinato de la periodista rusa Anna Politkóvskaya. Los acusados, recordémoslo, por este delito, fueron absueltos en febrero de 2009 por falta de pruebas. El de Politkóvskaya es quizá el caso más conocido, pero no se trata de la única muerte sin resolver de un periodista, abogado o defensor de derechos humanos en Rusia. Denunciar la situación en el Cáucaso Norte (corrupción, desapariciones de ciudadanos, asesinatos, torturas de presos o población civil, violencia, etc.) puede convertirse casi en una condena de muerte para cualquier informador. Es el precio que hay que pagar por salirse de los márgenes de la información oficial dictada desde el gobierno. Muchos están dispuestos a pagarlo y arriesgar sus vidas; pero otros, finalmente, deciden seguir su lucha fuera de las fronteras rusas.

Según la web Periodistas en Rusia (que recopila su información de la Fundación para la Defensa de la Transparencia, el Centro para Periodismo en Situaciones Extremas y el informe “Justicia Parcial: la investigación de las muertes de periodistas en Rusia 1993-2009”, publicado por la Asociación de Periodistas de Rusia), desde 1993 hasta hoy, 330 periodistas han sido asesinados o perdido la vida en extrañas circunstancias; 39 de ellos en Chechenia. El último caso recogido tuvo lugar en agosto de este mismo año. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Interiores ruso habla de 19 muertes en su territorio en los últimos 17 años.
En las últimas décadas, Rusia ha aparecido en una posición nada favorable en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa que realiza anualmente Reporteros Sin Fronteras. En 2009, ocupaba el puesto 153 de 175, no muy por delante de países como Irán, Cuba, China, Ruanda o Pakistán, y detrás de otros como Afganistán, Irak o Venezuela.

Ya sea por verdadero interés o por lavado de imagen ante la presión social y de los medios y organizaciones internacionales y nacionales, lo cierto es que el 30 de septiembre, Interfax informaba de que el Comité de Investigación de la Fiscalía de Rusia (SKP en sus siglas en ruso) había resuelto investigar cinco casos de periodistas asesinados en los últimos años: el periodista de “Novyi Reft”, Eduard Markevich (2001), los redactores jefe de la revista “Tolyattinskoe obozrenie”, Valery Ivanov (2002) y Alekséi Sidorov (2003), el reportero del periódico “Molodoi Sidorova”, Vagif Kochetskov (2005), y la periodista de “Nashe vremya”, Natalia Skpyl (2002). La decisión de investigar estos casos sin resolver se tomó tras el encuentro que tuvo lugar el pasado 28 de septiembre entre una delegación del Committe to Protect Journalists (CPJ), una docena de investigadores particulares y Alexander Bastrykin, presidente del SKP. Según Vladímir Markin, portavoz de Comité de Investigación, “la dirección del Comité entiende claramente el papel de los medios de comunicación de masas como elemento fundamental en la construcción de una sociedad democrática” y, por este motivo, desde el SKP intentarán “hacer todo lo posible para el esclarecimiento de las verdaderas causas de las muertes de estos periodistas”. Alexandr Bastrykin, por su parte, aseguró que es “una cuestión de honor para nosotros resolver estos asesinatos”. ¿Estamos ante un cambio real en la actitud en el gobierno ruso o se trata, más bien, de una acción cara a la galería?.

La periodista Fátima Tlisova presentó recientemente una investigación sobre ocho compañeros que han huido del país o fueron asesinados mientras trabajaban en temas relacionados con el Cáucaso (Brutal Censorship of Journalists in the North Caucasus). En él, Tsilova habla de las terribles condiciones bajo las que trabajan los reporteros locales. Según describe, la gran mayoría de los medios del Norte del Cácauso pertenecen al Estado. Además, por ley, cada televisión es una rama regional de la red estatal. El periodismo es una de las profesiones peor pagadas de la región, donde un profesional gana entre 200 y 350 dólares mensuales. Desde 1998, “todos los proveedores de Internet en Rusia tienen que instalar por ley sistemas monitorizados que dan al FSB acceso ilimitado a los perfiles de los usuarios y permiten la filtración y el control remoto del tráfico de información en Internet desde las oficinas centrales de una rama especial del FSB”. Tlisova habla también de esos periodistas que no aparecen en las listas de los asesinados o desaparecidos, pero que se han visto obligados a abandonar su país a causa de las amenazas de muerte recibidas. Es su caso. En 2007 se instaló en Estados Unidos para salvar su vida y la de sus hijos. Ha sido arrestada en numerosas ocasiones, torturada, raptada y envenenada por representantes de las fuerzas de seguridad del Estado. Su historia no es la única.

Elena Maglevannaya trabajaba en un periódico local de Volgogrado. En 2009, tras publicar su investigación acerca del trato inhumano que recibían los detenidos chechenos en prisiones rusas, fue acusada de difamación, condenada a pagar 6.500 dólares y sentenciada a publicar una refutación. Según su trabajo, “más de 20.000 chechenos étnicos están encarcelados en Rusia”. En su blog se pueden leer algunos de estos testimonios, acompañados por fotografías, sobre las torturas, palizas y humillaciones a los que son sometidos. Maglevannaya se negó a publicar la retractación y por ello sufrió amenazas y fue atacada por grupos neo-nazis que la acusaban de “traicionar a la Nación Rusa”. Ahora vive en Finlandia, en un campo de refugiados a la espera de recibir asilo político.

http://www.youtube.com/v/HQw6pgG1_cA

Oleg Panfílov fundó en los años 90 el Centro para Periodismo en Situaciones Extremas (CJES en sus siglas en inglés) con el objetivo de apoyar los derechos de los medios y la libertad de prensa en Rusia. En estos años no ha habido apenas avances; ni siquiera la ley está de su parte: “Actualmente hay cinco artículos en el código criminal y en la Constitución rusa que permiten la persecución de los periodistas por su actividad profesional”. La situación en el Cáucaso es mucho peor: “Primero prohíben a la gente hablar; luego les prohíben manifestarse, más adelante presionan a sus familiares, luego les quitan su negocio, y al final, los matan (…) Como consecuencia, la atmósfera de miedo ha ahogado la posibilidad de hacer periodismo en el Cáucaso durante los próximos 15 ó 20 años”. En la última década, Panfílov ha sido vetado en los principales medios de comunicación del país y etiquetado de “enemigo de Rusia”. No ha sido amenazado de muerte, pero la imposibilidad de llevar a cabo su trabajo libremente y el pesimismo con el que ve la situación del periodismo en Rusia, hicieron que abandonase el país. Actualmente reside en Tsbilisi, Georgia.

http://www.youtube.com/v/Z3pD2eVWdl8

Tan necesario es resolver los casos abiertos de periodistas asesinados en Rusia, como lo es investigar de dónde proceden (y eliminar) las amenazas que hacen que muchos periodistas rusos se vean obligados a exiliarse para poder ejercer su profesión sin miedo a que los tiroteen en el ascensor de su casa o a que amenacen a sus familiares. Sin embargo, garantizar la libertad de expresión de los díscolos periodistas aún vivos parece ser algo secundario, por el momento.

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