Declaración de los asistentes al congreso organizado por Human Rights Defenders bajo el título “El Cáucaso Norte: defensores de derechos humanos en peligro”, que tuvo lugar los días 27 y 28 de octubre de 2009, en Estocolmo.

La cuestión no es si uno de nosotros será la próxima víctima, sino quién será.

Diez años después de su inicio, esta primavera, Rusia anunció el fin de la «operación antiterrorista» en Chechenia y la normalización de la situación. Sin embargo, la realidad en Chechenia y en el resto del Cáucaso Norte no tiene nada normal. El año pasado, aquéllos que trabajamos en la región para defender los derechos humanos estuvimos sometidos a una presión cada vez más fuerte. Muchos colegas nuestros han sido secuestrados y asesinados. La cuestión ya no es si uno de nosotros será la próxima víctima, sino quién será. Los autores de este artículo representamos a organizaciones de derechos humanos del Cáucaso Norte y también a organizaciones internacionales.

El pasado 15 de julio, Natalia Estemírova fue secuestrada en la capital chechena, Grozny, donde trabajaba para la organización de defensa de los derechos humanos Memorial. La encontraron muerta aquel mismo día, más tarde. El 10 de agosto, unos hombres enmascarados se llevaron a empujones a los activistas Zarema Saduláyeva y Alik Dzhabraílov, en Grozny, y, al día siguiente, fueron encontrados muertos. El mismo día, el periodista Malik Ajmedílov fue tiroteado en su coche en la capital de Daguestán, Majachkalá. El 25 de octubre, el activista Maksharip Áushev fue asesinado a balazos en Kabardino Balkaria. Además, se producen un gran número de amenazas y acosos, como los que sufrió la organización Madres de Daguestán: su oficina fue incendiada el pasado 19 de agosto.

La razón por la cual nuestros amigos y colegas se arriesgan a ser víctimas de estos crímenes tan violentos es porque han captado la atención sobre las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en la región. En el Cáucaso Norte, la responsabilidad de un gran número de estas violaciones, muchas de las cuales pueden ser calificadas de crímenes contra la humanidad, recae directamente sobre las fuerzas federales rusas, así como sobre las autoridades locales respaldadas desde Moscú y a su personal policial y militar. Las autoridades rusas parecen poco dispuestas a investigar los crímenes y los culpables quedan libres. Una atmósfera de impunidad impregna toda la región. Esto significa que los crímenes se siguen cometiendo y que nosotros, como defensores de los derechos humanos, somos considerados delincuentes por aquéllos que se sienten amenazados con nuestro trabajo.

Nosotros, los autores de este artículo, nos reunimos bajo los auspicios de Civil Rights Defenders en Estocolmo el pasado 27-28 de octubre para discutir la seria cuestión de la seguridad en el Cáucaso Norte. Acordamos hacer una serie de recomendaciones a la UE, con la perspectiva de la cumbre que debía mantener con Rusia el 18 de noviembre en Estocolmo. Un tema recurrente a tratar en estas cumbres es la continua discusión sobre un nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación. Entendemos perfectamente la importancia de un nuevo acuerdo que contemple la política de cooperación política, económica y energética con Rusia. Pero, a pesar de todo, creemos que esta alarmante situación de inseguridad en el Cáucaso Norte tiene que ser uno de los puntos principales de la agenda.

Queremos que la UE incremente la presión sobre Rusia, y que la propuesta de un nuevo acuerdo contemple también el respeto por los derechos humanos. Una petición fundamental es que Rusia garantice que las ejecuciones sin juicio previo, las desapariciones forzadas, los secuestros y otros abusos cesen de forma inmediata.
Además, queremos que la UE presente las siguientes 5 peticiones al gobierno ruso:
Rusia tiene que ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo de DDHH. Se han dictado 115 sentencias contra Rusia por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas en el Cáucaso Norte. Estas sentencias demuestran que el sistema legal ruso ha fracasado una y otra vez en la investigación de estos crímenes y que, incluso en ocasiones, han sido liberados culpables a pesar de haber sido identificados. Hasta ahora, Rusia ha pagado las multas impuestas por el Tribunal por los daños causados, pero se ha negado a corregir las deficiencias sistemáticas del sistema judicial, hecho que significa que el país no está cumpliendo con sus compromisos según la Convención Europea.

Rusia tiene que ratificar acuerdos internacionales sobre derechos humanos y respetarlos. En primer lugar, esto afecta a la Convención de la UE para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Miles de individuos han «desaparecido» en el Cáucaso Norte. Y todavía nadie ha sido inculpado por ello.

En segundo lugar, Rusia tendría que ratificar el protocolo 14 de la Convención Europea, que pretende racionalizar la tarea del Tribunal y permitir que el Comité de Ministros del Consejo de Europa emprenda acciones contra un estado miembro cuando éste no cumpla las sentencias del Tribunal. El Tribunal Europeo está sobrecargado y, aproximadamente un tercio de los casos que tiene que tratar afectan a Rusia, el único país de los 47 miembros del Consejo de Europa que no ha ratificado el protocolo.

En tercer lugar, Rusia tendría que ratificar el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional. En este caso, el Tribunal podrá incoar acciones legales contra los perpetradores de violaciones graves de los derechos humanos cuando el sistema legal nacional no esté dispuesto o sea incapaz de hacerlo.

Rusia tiene que llevar a cabo acciones concretas para reformar las leyes y normas que establecen límites al uso, por parte del personal militar, de seguridad y policial, de la fuerza armada. Los perpetradores de graves violaciones contra los derechos humanos que tienen lugar en la región son, en gran parte, miembros de las fuerzas federales rusas y las autoridades locales. Los estándares que regulan estas operaciones tienen que adaptarse para garantizar el cumplimiento de acuerdo con la ley internacional.

Rusia tiene que garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos y ajustar las normas que afectan a las organizaciones no gubernamentales a los estándares internacionales. Los defensores rusos de los derechos humanos son perseguidos de forma sistemática. A menudo, las organizaciones que critican al Gobierno tienen problemas para registrarse, o sus oficinas y personal se encuentran sujetos a inspecciones frecuentes y arbitrarias. Resulta muy difícil recibir financiación extranjera.

Rusia tiene que garantizar a las organizaciones internacionales el libre acceso al Cáucaso Norte. Las autoridades rusas no investigan los crímenes contra los derechos humanos ocurridos en el Cáucaso Norte. Por lo tanto, es importante que las organizaciones de derechos humanos independientes, los medios de comunicación y los cuerpos internacionales -como por ejemplo el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y Naciones Unidas- puedan acceder a la región.

La situación de los derechos humanos en Rusia en general, y en el Cáucaso Norte en particular, ha empeorado tanto, que la UE debe asumir un papel clave y presionar a Rusia para que respete sus compromisos internacionales. No hacerlo puede comportar consecuencias desastrosas para todos nosotros.

Visarion Aséyev, activista de los derechos humanos, Osetia del Norte, Rusia

Lipján Bazáeva, presidente, Dignidad de las Mujeres, Chechenia, Rusia

Oksana Chélysheva, Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena

Larisa Dorogova, abogada defensora de los derechos humanos, Madres de Kabardino-Balkaria, Kabardino-Balkaria, Rusia

Anna Ek, presidenta, Swedish Peace and Arbitration Society, Suecia

Carl Gershman, presidente, National Endowment for Democracy, EE.UU.

Neil Hicks, consultor de políticas internacionales, Human Rights First, EE.UU.

Robert Hårdh, director ejecutivo, Civil Rights Defenders (antiguo Comité de Helsinki de Suecia), Suecia

Svetlana Isáeva, presidenta, Madres de Daguestán, Daguestán Rusia

Ella Kesáeva, presidenta, Voz de Beslan, Osetia del Norte, Rusia

Roemer Lemaitre, director jurídico y de programa, Iniciativa Rusa de Justicia, Rusia

Tania Lokshina, experta en el Cáucaso Norte, Human Rights Watch, Rusia

Madina Magomádova, presidenta, Madres de Chechenia para la Paz, Chechenia, Rusia

Magomed Mutsolgov, presidente, MASHR, Ingushetia, Rusia

Oleg Orlov, jefe del Consejo del Centro de los Derechos Humanos Memorial (galardonado este año con el premio Sájarov), Rusia

Varvara Pajómenko, experta en el Cáucaso Norte, Rusia

Oleg Panfílov, director, Centro del Periodismo en Situaciones Extremas, Rusia

Arsen Sakalov, Iniciativa Legal para Chechenia (ganador del Por Anger prize 2005), Ingushetia, Rusia

Marta Ter, Lliga de los Derechos de los Pueblos, España

Martin Uggla, presidente, Swedish Initiative for Democracy and Human Rights, Suecia

Leon Willems, director ejecutivo, PressNow, Holanda

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