Jesús Cruz Álvarez, Observatorio Eurasia :::
Dos meses después del cese de las operaciones antiterroristas rusas en Chechenia, el incremento de la violencia en el Cáucaso Septentrional vuelve a poner en tela de juicio la “mano dura” del Kremlin.

El asesinato de Adilgirei Magomedtarigov, ministro del interior de la República de Daguestán, el pasado 5 de junio, es uno más de una espiral de violencia en la que verdugos y víctimas se confunden en un complejo entramado de facciones enfrentadas. Magomedtarigov, que desempeñaba cargos dentro del gobierno dagestaní desde hace 11 años, era una personalidad especialmente odiada entre los sectores islámicos más radicales, por sus duros ataques contra los disidentes del régimen. Junto a él, murió un miembro del servicio de seguridad, Aburazak Abakarov, y otras ocho personas de su comitiva, que fue asaltada cuando abandonaba un restaurante en el que se había celebrado la boda de uno de ellos.

Dos días después, el asistente del Primer Ministro checheno, Khalid Vaikhanov, era asesinado por rebeldes “de las montañas” en respuesta a los arrestos masivos de jóvenes chechenos pertenecientes a las familias de los guerrilleros. Todo ello obedece a una estrategia de guerra psicológica llevada a cabo por el gobierno que encabeza Ramzan Kadirov, con el objetivo de mermar la moral de los disidentes.

El 10 de Junio, el presidente de la Federación Rusa, Dimitri Medvédev, visitaba la capital de Daguestán, Majachkalá, y pronunciaba un discurso duro y directo en el que descalificaba a los combatientes islámicos y hacía especial hincapié en la victorial final de Rusia; “todo tipo de asesinos vienen aquí para hacer daño en nuestro territorio […], esto es un desafío lanzado a la autoridad, el Estado. Los mecanismos del Estado de Derecho deben hacer todo lo posible para encontrar a los criminales y llevarlos a los tribunales”.  El propio Medvédev hablaba de las cifras de muertos en el Cáucaso Norte desde comienzos de año, muy elevadas respecto a las del año anterior; 112 rebeldes, 75 miembros de los cuerpos de seguridad y 48 civiles.

La visita de Medvédev no consiguió apaciguar la situación (si era eso realmente lo que pretendía), sino todo lo contrario; ese mismo día eran asesinados dos policías en Daguestán, mientras que en Ingushetia, Aza Gazgereyeva, miembro del Tribunal Supremo de la República, era tiroteada junto a un jardín de infancia donde había dejado a sus hijos. Cinco personas más fueron heridas, entre ellas, un niño de un año de edad. Hay quienes han apuntado, como razón del ataque, la investigación judicial en la que se encontraba inmersa Gazgereyeva, acerca del ataque de militares chechenos contra la policía ingush en 2004. También en Ingushetia, el 13 de junio fue asesinado Bashir Aushev, miembro del gobierno de la pequeña república caucásica.

La escalada de violencia en la convulsa región rusa ha suscitado el debate de la conveniencia de mantener a caciques “leales” a Moscú al frente de las repúblicas caucásicas, con su consecuente inestabilidad social y violencia endémica que impiden cualquier tipo de salida al conflicto que se extiende desde hace siglos. Si el Kremlin continúa con su política de no diálogo y de imposición militar del régimen, las posibilidades de perder el control de la zona serán cada vez mayores, tal y como se está demostrando en estas últimas semanas. La lucha de los ciudadanos del Cáucaso  ruso (o al menos, de una parte de los mismos) no se extinguirá hasta que regrese la esperanza en un mejor futuro a sus hogares.

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